NOTA; Para que el siguiente informe sea lo más conciso posible, complementaré mis declaraciones, cuando sea necesario, con el enlace del ahondamiento, recordando a los colegas que participan en el WEBINAR desde los distintos países y en sus respectivos idiomas, que además del texto del informe difundido en italiano, en inglés y español antes del encuentro, verá todos los enlaces contenidos en el texto y que hacen referencia a nuestro sitio, equipado con un traductor multilingüe.
WEBINAR ECA Global Justice Project
2º informe sobre el “Caso Italia”
Savona, 27 de enero de 2021
Ponente Francesco Zanardi – Red L’ABUSO Italia
Estimados colegas, buenos días y gracias por estar aquí.
Dada la complejidad del marco general, pensé en reducir los tiempos de introducción preliminar, partiendo de un hecho histórico italiano muy significativo que se remonta a un año no accidental para Europa, el año 2010, cuando después de Irlanda, comenzaron difusamente a surgir los casos de abuso de menores por parte del clero y los respectivos gobiernos intervinieron para proteger a los ciudadanos.
-o-0-o-
EL RELATOR EXPONE
ITALIA 16 de abril de 2010 del periódico “Il CORRIERE“
El gobierno: “Incalificable campaña de desprestigio contra el Papa y la Iglesia”
ROMA – En su 83 cumpleaños, Benedicto XVI recibe el apoyo pleno e inequívoco de Italia. El Consejo de Ministros en un comunicado “confirmó la solidariedad del gobierno por la incalificable campaña de desprestigio contra la Iglesia y el Papa“.
Pocas horas después tambien el máximo cargo del Estado, el Garante de la Constitución Italiana, el presidente de la República Giorgio Napolitano, se unirá al Gobierno expresando la misma cercanía a Benedicto XVI.
Sin palabras de apoyo a los ciudadanos italianos que han sido víctimas del clero, casi culpables de reclamar sus derechos constitucionales al Estado italiano, avergonzando las relaciones del mismo con el Vaticano.
Sin embargo, unos días antes, otro hecho inquietante precede al llamamiento del Gobierno.
Era el 2 de abril de 2010 cuando el entonces Ministro de Gracia y Justicia Angelino Alfano envió una inspección a la oficina de un magistrado extraordinario de Milán, Pietro Forno, el pionero más activo y experimentado en ese momento en el campo de la pedofilia clerical, con cerca de diez casos ya detrás de él. “LA REPUBBLICA” de 2 de abril de 2010.
Estas tres acciones dictaron claramente la posición del Estado en relación a los crímenes de los sacerdotes católicos y la poca atención prestada a las víctimas. Un indicio de que con la inspección del fiscal Pietro Forno llegó alto y claro también al poder judicial.
La de 2010 fue la primera y única intervención de las instituciones italianas sobre los sacerdotes pedófilos.
A pesar de que desde el 2010 han cambiado más Gobiernos, con diferentes ideologías políticas, nadie se ha interesado nunca jamas por esta “pandemia”, delegando de hecho la gestión de la justicia al clero, como veremos más adelante.
Esta media página introductoria de historia italiana, aunque concisa, creo que centre claramente lo que por Italia, a diferencia de los demás Estados miembros de la UE y no solo ellos, ha sido el punto de partida. Una situación que a diferencia de sus respectivos países de origen, en lugar de ver un Gobierno que se moviliza para defender al ciudadano, ve en los hechos a Italia como pasiva, sumisa e incapaz de tomar alguna posición frente a los crímenes y el poder de un estado extranjero. Con todas las consecuencias del caso que van mucho más allá de lo que veremos.
-o-0-o-
- ITALIA 21 de enero de 2021
Yo, hoy en dia, soy uno de los fundadores de ECA, esta élite internacional de activistas y profesionales especializados en la protección de las víctimas del clero. Víctima de abuso, yo nací en 2010 con la red L’ABUSO, 11 años después es deslumbrante el hecho de que somos todavía la única asociación de sobrevivientes de abuso por parte del clero existente en Italia. Una cifra que aún hoy refleja el clima inalterado desde 2010.
El mapa que les invito a consultar vía web mientras ilustre el contenido (es completamente interactivo, al hacer clic en los marcadores de posición se abrirá la ficha del caso respectivo. Ir a este enlace https://retelabuso.org/diocesi-non-sicure/ ), recoge los casos de los últimos 15-16 años y solo aquellos italianos registrados en las noticias. Les recuerdo a mis colegas que aquí en Italia hoy, no hay datos oficiales del Gobierno disponibles, los únicos datos existentes, desafortunadamente, siguen siendo los que damos nosotros de la Red L’ ABUSO.
Pero comencemos con el mapa, aunque sea parcial y en evidente defecto, en la actualidad sin embargo en Italia se conocen;
PUNTOS AMARILLOS – 145 entre sacerdotes investigados o de los que no se han recibido más noticias, ya sean de condena o de absolución.
PUNTOS ROJOS – 157 sacerdotes definitivamente condenados (tercer grado de juicio)
PUNTOS NEGROS – 10, aunque hago la premisa que esta sección está descuidada por falta de noticias, estos son sacerdotes extranjeros refugiados bajo el ala del Vaticano en Italia.
CUADRADOS AZULES – 22 instalaciones de rehabilitación (al menos las que conocemos hoy) en el territorio italiano gestionadas de forma independiente por el clero. No me detengo en cómo la red ABUSO llegó a descubrir las primeras estructuras, en este contexto es irrelevante. Sin embargo, quisiera subrayar que nuestra investigación inicial fue reexaminada en su totalidad por el periodista Federico Tulli, presente en esta sesión e invitado como periodista y editor para hacer un cuadro del nivel de información en el país y la calidad de la Prensa italiana que, como veremos, es otro punto clave del problema que expondrá en su espacio.
Abrí el paréntesis sobre mi colega Federico Tulli porque además de haber producido tres libros sobre el tema, ha revisado e integrado la investigación sobre estas estructuras y producido el tercer libro de ahondamiento, que revela una verdadera burla a las víctimas y a justicia.
Comencé a sospechar alrededor de 2013 que estas estructuras actuaban como una estratagema, para evitar, para no darle vueltas al asunto, el encarcelamiento de sacerdotes.
Incluso me llamaron loco, cuando ante los cotejos se hizo evidente que había una especie de acuerdo tácito entre Estado e Iglesia, que tenia que crear a los ojos de la opinión pública el llamado “señuelo”, porque en realidad esos sacerdotes estaban puestos bajo arresto domiciliario en esas estructuras de la iglesia, por ejemplo, al contrario de lo que les sucede a todos los ciudadanos italianos bajo arresto domiciliario, que son monitoreados a cualquier hora del día o de la noche. Los sacerdotes en estas estructuras, en cambio, son confiados directamente por las Autoridades Judiciales a la iglesia, que efectivamente sostituye al Estado Italiano en el control. La motivación dada esta vez a EURONEWS por Marco Ermes Luparia, uno de los psicólogos Diáconos que trabajan en estas estructuras, es original y curiosa. La preocupación por la rehabilitación psicológica del sacerdote es conmovedora, por la que el propio Luparia subraya la importancia de que el Estado evite que un sacerdote vaya a la cárcel porque además de sufrir, comprometería gravemente su rehabilitación. Igualmente desarmador es el hecho de que no se plantee al menos la misma preocupación por las víctimas de esos sacerdotes.
Penas de prisión a los ojos de la opinión pública pero en realidad, una vacacion para el condenado que ya ni siquiera tiene el peso de la misa, dejado en plena libertad de movimiento como lo confirma el relato de Don Ruggero Conti. Condenado a la pena máxima (para Italia) de 14 años y dos meses por abusar sexualmente de siete niños de entre 10 y 12 años, luego confiado por la Justicia italiana al clero, acabó en una de estas estructuras cerca de Roma (entre otras cosas frecuentadas por adolescentes) donde teóricamente debería haber cumplido sus arrestos. Un lugar tan poco controlado que una mañana decidió dejar Roma para regresar a Milán. Hay mucho dinero en efectivo a su disposición que incluso puede permitirse pagar un taxi desde Roma. Todo lo que tuvo que hacer fue llamarlo al teléfono celular que tenía y marcharse en paz. Naturalmente, el asunto se resolvió como que nada habia sucedido, traendo al sacerdote de regreso a Roma. No hay noticias de que se haya revocado su arresto domiciliario ni de que se hayan sido perseguidos a quienes lo tuvieron en tutela temporal o lo ayudaron a escapar.
El ahondamiento realizado por el colega Tulli y por Emanuela Provera, además de ampliar el número de estas estructuras a 22, confirmó la tesis con un golpe de genialidad por parte de los dos colegas, que en 2018 decidieron hacer la “prueba del 9” interrogando – se han eliminado las cárceles de menores y mujeres – las 191 estructuras masculinas italianas restantes.
Resultò que de 157 casos (condenas definitivas – PUNTOS ROJOS en el mapa), en octubre de 2018 solo 5 sacerdotes eran huéspedes en las cárceles italianas, de los cuales solo uno fue condenado por pedofilia.
En ausencia de datos estatales, basados en los recopilados en la década de actividad de la Red L’ABUSO en Italia, se desprende que alrededor del 80% de los procesos penales terminan archivados por inadmisibilidad debido a muchos problemas. De hecho, una auténtica derrota de la justicia.
Además, queridos colegas, me temo que los 300 casos de nuestro mapa son aproximadamente el 10% de la punta del iceberg italiano y, si bien es cierto que Italia hasta ahora ha omitido deliberadamente una cuantificación a nivel nacional, también es cierto que, sin embargo, Australia, Bélgica, Canadá, Alemania, Gran Bretaña, Polonia, etc. han cuantificado el fenómeno con resultados muy similares entre ellos.
A partir de aquí, el colega irlandés Mark Vincent Healy, experto en estadística, produjo por la Red L’ABUSO, en ausencia de un dato italiano, basado en los datos porcentuales que surgen de las comisiones de investigación gubernamentales realizadas en otros países una proyección confiable del dato italiano calculada sobre la base de la población católica, el número de sacerdotes (mucho más alto en Italia 50.000) y luego relacionándolo con los datos porcentuales producidos por los países que han registrado un dato. El resultado es que la magnitud de los abusos en Italia tiene el mayor potencial de cualquier país. Puede variar según 2 estudios – el de Richard Sipe, (fraile benedictino y psicoterapeuta) y el del padre Andrew M. Greeley, (profesor de sociología en la Universidad de Chicago) – desde un mínimo de 200.000 víctimas actuales hasta un máximo de 1.000.000, solo en Italia. Aquí la proyección completa https://wp.me/p8ayDC-lBu
Por supuesto, hemos comunicado los datos anteriores en varias instancias al Gobierno, que, sin embargo, nunca ha respondido, destacando lamentablemente otro problema clave macroscópico, el acceso a las instituciones por parte de los ciudadanos o asociaciones que los representan. Todo esto sucede a pesar de una pregunta parlamentaria obtenida tras años de propuestas a los distintos exponentes políticos que puntualmente lo pasaron por alto. Luego depositada por quien fue en realidad el único interlocutor de los 965 parlamentarios (el Honorable Matteo Mantero) que prestó atención al problema, pero que desde el 27 de noviembre de 2017 lo ve tirado polvoriento y sin ni siquiera calendario, en las estanterías del República.
Concluyo el primer punto aquí y paso al siguiente
- Antes de llegar al informe “Italia” tratado en Ginebra los días 25 y 26 de enero de 2019 en la session 80 y a la posterior respuesta que dio el Comité a esa solicitud, quiero mencionar “la ejemplar” ratificación “a la italiana” del Convenio de Lanzarote, pues tiene más facetas sobre la aplicación del legislador que ha vuelto a favorecer a los verdugos mejor que a las víctimas.
Además del daño, también debe tenerse en cuenta el efecto colateral, ya que el legislador, para superar la aprobación constitucional, no pudiendo excluir solo al clero – un privilegio discutible – ha excluido toda la categoría a la que pertenece el clero y, aún más grave, el hecho de que éste, en el contexto laico, es la del voluntariado, históricamente el más amenazado. De hecho, la norma aplicada de esta manera no solo se distorsiona, ya que falla en su principal función preventiva, la misma regla aplicada de esta manera sugiere paradójicamente al depredador al “voluntariado”como coto de caza.
El segundo aspecto es la introducción de la audiencia protegida de la víctima, que en la aplicación italiana del Convenio de Lanzarote crea un doble problema, el primero directamente relacionado con el Convenio, el segundo en cambio con las garantías constitucionales de la víctima.
Como todos ustedes bien sabéis, el último Motu proprio Vos Estis lux Mundi formaliza y presenta las famosas ventanillas diocesanos de ayuda a las víctimas. No sé si aplica en sus respectivos países, pero en Italia ya estan presentes en todas las diócesis. Cada ventanilla cuenta ademas en su interior con una comisión laica, formada por exprofesionales jubilados, psicólogos, etc. acreditados por ser exprofesionales, hoy liberados de obligaciones de oficina como el de denunciar cuando tienen conocimiento de un caso de violencia sexual contra un menor.
Y aquí surgen claramente dos marcos inquietantes:
La primera concierne el Lanzarote, ya que las audiencias de las víctimas que se presentan a las diócesis las realizan voluntarios, no se sabe bien con qué titulación, qué procedimientos y garantías para el usuario, voluntarios que actúan de hecho por arriba de las normas de protección del ciudadano, en ausencia de una audiencia protegida incluso durante la investigación canónica, en la que se le niega incluso la asistencia de su propio defensor de confianza.
Como acabamos de decir, estas comisiones diocesanas también cuentan con un abogado consultor dentro de ellas, quien en caso de que la víctima decepcionada por el resultado canónico decidiera contactar el Poder Judicial, probablemente defenderá directamente o no, en este otro foro, ya no mas a la víctima pero sacerdote y diócesis.
Ahora bien, independientemente de que escuche personalmente a la víctima o que sea otro miembro de la comisión diocesana, lo cierto es que en estas audiencias NO PROTEGIDAS se adquieren detalles estratégicos, como por ejemplo la narración del hecho por parte de la víctima, que también es elaborada por el operador y luego firmada por la victima.
Declaración que posteriormente, como miembro o consultor de la comisión, el abogado de la diócesis no solo tiene en su disponibilidad, sino que podría incluso utilizarla en un juicio italiano, ya que no existe, en ese session, una regulación que garantice al desgraciado ciudadano que allí se presenta, cuál es el límite o qué uso puede o no hacerse de esos datos.
Declaración que, por ejemplo, en una citación civil posterior podría incluso determinar el momento en que la víctima ha tomado conciencia del daño, haciendo entonces caducar en su perjuicio el plazo de prescripción (que en Italia es verdaderamente muy corto entre otras cosas) en lo que la víctima puede reclamar justicia en un tribunal italiano. De hecho, basta con hacer que la víctima pierda el tiempo esperando un juicio eclesiástico y éste ya no podrá reclamar ningún derecho.
Como prueba del drama más total de la situación debido únicamente al incumplimiento de un Estado cómplice de la pedofilia de los sacerdotes durante 11 años, el último caso italiano que se remonta a hace unas semanas, que está tratando la Rete L’ABUSO, el de ENNA (Sicilia) que se resume por sí solo en los títulos;
“Denuncia los abusos a la diócesis que traslada al cura al norte, la víctima se dirige a la policía”. La presunta víctima llevaba años denunciando a las autoridades eclesiásticas “Pedophilia Enna, todas las denuncias de la presunta víctima“.
Y gracias al chaleco salvavidas del artículo 4, punto 4 de los Pactos de Letrán, el obispo que lo trasladó, además de no estar obligado a realizar declaraciones al Poder Judicial, simplemente declarando que esas informaciónes son confidenciales por pertenecer a su propio ministerio, y aquí es que el clérigo ni siquiera es un coacusado, sino un simple testigo con el privilegio de poder guardar silencio ante el magistrado.
Les pido un momento más de paciencia y concluyo con el último capítulo.
3) El Comité de las Naciones Unidas para la Protección de la Infancia;
A raíz de la solicitud de la Red L’ABUSO, en febrero de 2019 emitió recomendaciones a Italia de que, salvo el primer punto “Observatorio para combatir la pedofilia y la pornografía infantil” aparentemente positivo, debo hacer un mea culpa ya que en el informe que presenté en 2019 en la ONU olvidé articular los graves problemas incluso dentro del observatorio del Estado italiano, que entre otras cosas ve a un sacerdote católico como un consultor (presumiblemente también pagado) que nunca ha denunciado a un colega pedófilo, porque aún hoy, incluso en el sobre la base del último motu proprio del papa, no puede.
Observatorio casi virtual, desprovisto de iniciativas concretas a nivel nacional, desprovisto de diálogo con las realidades locales y prácticamente inútil porqué son cómplices algunos de mis colegas, ya que pedimos los datos que el observatorio no pudo producir.
Aquí las evidencias surgidas de mi encuesta de 2016 sobre el observatorio. https://wp.me/p8ayDC-i6G
Paréntesis cerrado, antes de continuar con las recomendaciones emitidas por el C.R.C. a Italia, que señalo, tiene en común con el Vaticano no solo la fuerte pasión por los sacerdotes pedófilos, sino también el vicio de firmar acuerdos de los que despues no asume la carga, como en el caso de la Convención de Lanzarote y la de derechos de la infancia, que espera una respuesta del Vaticano desde mayo de 2018 y de Italia desde febrero de 2019.
Situaciones sobre las que, colegas, quiero estimular una reflexión sobre el hecho de que quizás el Comité debería tomar una posición firme ya que, como demuestra sobradamente el caso italiano, se firmaron casi de mala fe y parecería que el único objetivo sea el de la acreditación.
Con esto señalo, para evitar malos entendidos, en particular a los colegas de Naciones Unidas presentes, que la mía no es en absoluto una crítica a la Convención, ¡lejos de ahi! Quiero enfatizar en este caso particular italiano su importancia, ya que en la contumacia total de las Instituciones, la Convención es la única realidad en la que, afortunadamente, nos podemos apoyar.
Por eso planteé la reflexion, mis compañeros, para subrayar sobre todo en este ya largo momento de “estancamiento italiano” que se prolonga desde hace 11 años y, al que desde hace dos o tres años, la asociación que presido asiste de hecho -además de los supervivientes que han sido víctimas de décadas atrás – incluso víctimas de abusos a partir de 2010 por parte de sacerdotes y por la inercia del Estado italiano que no solo lo permitió permaneciendo inactivo, sino que aún hoy ni siquiera les hace justicia.
Claramente y con muchas más facetas de las que mencionaré, es el caso de nuestro asistido Alessandro Battaglia (caso de Don Mauro Galli condenado a 6 años y 4 meses en primera instancia y absuelto por la iglesia), donde sí, es cierto que la víctima fue indemnizada (afortunadamente), pero sólo 100.000 € (contra los 450.000 € previstos por las tablas) y además, indemnizados no por los daños sufridos, sino para impedirle constituirse parte civil en el proceso y dejar la diócesis y obispo afuera de problemas y de la prensa. Un acuerdo entre las partes tan angustioso que la misma Fiscal Lucía Minutella disputa la evidente insuficiencia incluso en el juicio.
Disculpe si me he demorado pero era necesario y concluyo diciendo que aunque siendo perfectamente consciente de que la ONU en este caso no tiene un poder coercitivo hacia Italia, dadas la gravísimas evidencias surgidas, que más allá de los tratados estipulados, dibujan sobre todo en su aplicación una situación dramática sobre la que considero, por lo menos exista la exigencia de que lo que ya se aplicó y ratificó, se revise y se vuelva a aplicar de manera efectiva que pueda ser realmente preventiva.
Fin del informe, gracias a todos por su atención – Zanardi
-o-0-o-
A continuación se muestra la recomendación a Italia de febrero de 2019 en las conclusiones comprobadas por Naciones Unidas y sobre las que Italia aún no ha intervenido hoy.
- Acoge favorablemente el plan nacional 2015-2017 para la prevención y lucha contra el abuso sexual y la explotación sexual de niños y la revitalización del Observatorio para combatir la pedofilia y la pornografía infantil, el Comité está preocupado por los numerosos casos de niños víctimas de abuso sexual por personal religioso de la Iglesia católica en el territorio del Estado miembro y por el escaso número de investigaciones penales y enjuiciamientos por parte del poder judicial italiano. Con referencia a sus recomendaciones anteriores (CRC / C / ITA / CO / 3-4, párr. 75) y al comentario general núm. 13 (2011) sobre el derecho del niño a la libertad y contra todas las formas de violencia contra él y tomando nota del Objetivo 16.2 para el Desarrollo Sostenible, el Comité recomienda a Italia que:
- a) Adopte, con la participación activa de los niños, un nuevo plan nacional para prevenir y combatir el abuso y la explotación sexual de niños y asegurar su aplicación uniforme en todo su territorio y en todos los niveles de gobierno;
- b) Establezca una comisión de investigación independiente e imparcial para examinar todos los casos de abuso sexual de niños por parte de personal religioso de la Iglesia Católica;
- c) Garantice la investigación transparente y eficaz de todos los casos de violencia sexual presuntamente cometidos por personal religioso de la Iglesia Católica, el enjuiciamiento de los presuntos autores, el castigo penal adecuado de los culpables y la indemnización y rehabilitación de los menores víctimas, incluidos los que se han convertido en adultos;
- d) Establezca canales adaptados a los niños, para los niños y otras personas, para informar sobre la violencia sufrida;
- e) Proteja a los niños de nuevos abusos, entre otras cosas asegurándose de que las personas condenadas por malos tratos a niños no tengan contacto con niños y se les disuada de ello, especialmente a nivel profesional;
- f) Realice todos los esfuerzos posibles hacia la Santa Sede para eliminar los obstáculos a la eficacia de los procesos penales contra el personal religioso de la Iglesia católica sospechoso de actos de violencia contra menores, en particular en los Pactos de Letrán revisados en 1985, para combatir la impunidad de tales actos;
- g) Obligar a todas las personas, incluido el personal religioso de la Iglesia católica, senalar cualquier caso de presunta violencia contra menores a las autoridades competentes del Estado miembro;
- h) Modifique la legislación de actuacion del Convenio de Lanzarote de manera de garantizar que no excluya el voluntariado, incluido el personal religioso de la Iglesia Católica, de sus herramientas de prevención y protección.
Informe completo de Recomendaciones de la ONU AQUÍ
Scopri di più da Rete L'ABUSO
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.
